Un fallo habilitó al SIDCA como querellante y le permitirá intervenir en la investigación
El gremio docente tendrá participación directa en la causa por los títulos cuestionados.
El Sindicato de Docentes de Catamarca (SIDCA) podrá intervenir formalmente en la investigación judicial que busca determinar el origen y alcance de las irregularidades detectadas en títulos del Instituto de Educación Superior (IES) Clara J. Armstrong.
La decisión fue adoptada por el juez de Control de Garantías Marcelo Sago, quien hizo lugar al planteo presentado por la organización gremial y dejó sin efecto el rechazo que había dispuesto la Fiscalía de Instrucción N° 7.
A partir de esta resolución, el SIDCA quedó incorporado como querellante particular y podrá solicitar medidas de prueba, realizar presentaciones y participar de las distintas instancias del expediente.
El punto central del fallo estuvo en determinar si el sindicato podía ser considerado afectado por los hechos investigados. Mientras la Fiscalía había entendido que la organización no tenía una afectación directa, el magistrado sostuvo una interpretación diferente.
Según el criterio expuesto por Sago, la eventual utilización de antecedentes académicos irregulares dentro del sistema de clasificación docente podría modificar los puntajes de los listados y, como consecuencia, incidir en la posibilidad de acceder a cargos, suplencias o ascensos.
De esta manera, el tribunal entendió que existe un posible perjuicio para el colectivo docente que justifica la intervención del gremio en el proceso penal.
Una investigación que comenzó con controles oficiales
El expediente surgió luego de una serie de verificaciones realizadas por organismos del Ministerio de Educación y Trabajo sobre documentación correspondiente a títulos emitidos durante 2024 y 2025.
Durante esos controles, la Dirección de Legalización y Registro de Títulos encontró diferencias entre los datos incorporados al sistema oficial de emisión digital y la información disponible en los registros del instituto.
Las observaciones incluyeron inconsistencias en documentación interna, datos que no coincidían entre distintos registros y copias que serían apócrifas de actas correspondientes a libros matrices y mesas de examen.
También se detectaron expedientes en los que no habría documentación académica suficiente para acreditar los antecedentes necesarios para la obtención de determinados diplomas.
Como resultado de esa primera revisión fueron individualizados 35 títulos con irregularidades, correspondientes a diferentes carreras de formación docente. El Ministerio pidió que fueran anulados dentro del sistema oficial y remitió los antecedentes a la Justicia.
Ahora, el objetivo del expediente penal es establecer cómo se produjeron las anomalías, quiénes participaron y qué documentación intervino en las distintas etapas de confección, validación y entrega de los títulos.
El alcance de la investigación, bajo la lupa
La participación del SIDCA podría incorporar una nueva mirada al expediente, particularmente sobre el eventual impacto que los títulos observados hayan tenido en los mecanismos de clasificación docente.
Desde el gremio, su secretario general, Sergio Guillamondegui, había advertido que el número de casos podría ser superior al detectado inicialmente por los organismos oficiales. Según manifestó en anteriores oportunidades, docentes le habían transmitido situaciones que podrían llevar la cantidad de títulos involucrados a más de un centenar.
El dirigente también había señalado que la utilización de documentación académica irregular para obtener puntaje podría alterar los órdenes de mérito y perjudicar a quienes compiten legítimamente por cargos y horas.
También hay actuaciones administrativas
El caso no quedó limitado al ámbito judicial. El Ministerio de Educación y Trabajo dispuso medidas dentro del IES Clara J. Armstrong, entre ellas una intervención administrativa y la designación de un equipo normalizador.
En paralelo, una investigación presumarial reunió elementos que permitirían avanzar con un sumario para establecer posibles responsabilidades dentro de la institución.
Con la resolución de Sago, el SIDCA tendrá desde ahora participación formal en la causa penal. Su incorporación como querellante le permitirá intervenir en la producción de prueba y seguir de cerca una investigación que todavía busca determinar la verdadera dimensión de las irregularidades detectadas.
