El desafuero de Javier Galán quedó limitado a una sola imputación
Apelaciones descartó dos cargos, pero mantuvo vigente el planteo por peculado de servicios.
La situación judicial del diputado provincial Javier Galán quedó parcialmente modificada luego de la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos. El tribunal rechazó que el desafuero avance por las acusaciones de amenazas y exacciones ilegales, pero sostuvo el planteo vinculado al presunto peculado de trabajos o servicios.
La decisión implica que la solicitud para retirar los fueros parlamentarios del legislador del MID no fue anulada, aunque quedó circunscripta a una única imputación. Los fundamentos completos de la resolución serán conocidos el próximo lunes 21 de septiembre.
El expediente se inició a partir de la denuncia presentada por Iván Luna Avellaneda, quien afirmó que, pese a figurar como trabajador de la Cámara de Diputados, debía desarrollar tareas para el Corralón San Javier, un emprendimiento privado vinculado al legislador.
La acusación también incluyó un supuesto pedido para transferir parte de sus haberes a terceras personas y un episodio en el que, según el denunciante, Galán lo habría intimidado mientras sostenía un cuchillo. Esos hechos, sin embargo, quedaron fuera del pedido de desafuero luego de la resolución de Apelaciones.
El trámite no llegará todavía a la Legislatura
Aunque el desafuero continúa vigente por la acusación de peculado, la resolución todavía no se traducirá en un tratamiento inmediato en la Cámara de Diputados.
Durante la audiencia previa, la defensa de Galán había anticipado que recurriría la decisión mediante un recurso de casación, independientemente de cuál fuera el resultado de la revisión realizada por Apelaciones.
Por ese motivo, el pedido no podrá ser remitido todavía a la Legislatura. La instancia superior deberá intervenir antes de que pueda continuar el procedimiento destinado a determinar si corresponde o no el levantamiento de los fueros del diputado.
De esta manera, el expediente queda abierto en el plano judicial y con una instancia de revisión todavía pendiente.
La denuncia que originó el expediente
Avellaneda, representado por los abogados Silvia Barrientos y Jaime Morales, sostuvo que su designación como empleado legislativo no se correspondía con las tareas que efectivamente realizaba.
Entre las evidencias incorporadas al expediente se encuentran informes de la Cámara de Diputados sobre su situación laboral y documentación solicitada a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para establecer la eventual relación de Galán con el comercio mencionado.
Desde la querella defendieron además la consistencia del relato del denunciante y de los elementos reunidos durante la investigación.
Galán reivindicó el rechazo de los otros cargos
Tras conocerse la resolución, el diputado puso el acento en los delitos que fueron descartados por la Cámara y volvió a negar las acusaciones.
Galán sostuvo que nunca amenazó ni pidió dinero a otra persona y afirmó que continuará recurriendo a la Justicia para demostrar su inocencia. También volvió a interpretar las causas en su contra como parte de una disputa política y vinculó su situación judicial con las posiciones que adoptó desde que asumió su banca.
Por ahora, el escenario queda definido por una resolución que reduce el alcance de la acusación, pero mantiene abierto el pedido de desafuero por presunto peculado de trabajos o servicios. La eventual intervención de la Legislatura dependerá de lo que ocurra con el recurso que prepara la defensa.
