Fuerte polémica por los dichos de Brizuela sobre el caso Agostina Vega: apoyos, críticas y pedidos de prudencia
Los dichos de Adrián Brizuela sobre el caso Agostina Vega desataron una fuerte polémica política y social.
Las declaraciones del diputado nacional Adrián Brizuela contra el movimiento feminista generaron un amplio rechazo de dirigentes políticos, referentes sociales y militantes de género, mientras referentes libertarios respaldaron su postura. En medio de la controversia, legisladoras reclamaron justicia para las víctimas y evitar la utilización política del dolor.
La previa de una nueva movilización por el Ni Una Menos en Catamarca quedó atravesada por una fuerte polémica política luego de que el diputado nacional Adrián Brizuela cuestionara al movimiento feminista a propósito del crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.
El legislador sostuvo que a las organizaciones feministas “no les interesa ni Agostina ni la violencia contra la mujer” y cuestionó los reclamos por mayores políticas públicas vinculadas a la prevención de la violencia de género. Además, planteó que muchos de esos pedidos buscan sostener estructuras estatales que calificó como “curros”.
Sus declaraciones encontraron respaldo inmediato en dirigentes de La Libertad Avanza. El presidente del partido en Catamarca, Federico Lencina, acompañó públicamente los planteos y sostuvo que distintos sectores “se agarran de casos como el de Agostina para currar con el Estado”. También expresaron su apoyo otros referentes libertarios de la provincia.
Sin embargo, las expresiones de Brizuela generaron una ola de cuestionamientos desde distintos espacios políticos y sociales.
Pedido de prudencia y justicia
En medio de la controversia, las diputadas libertarias Verónica Vallejos, Ana Lía Aguaisol Barbosa, Valentina Reynoso y Alba Carolina Aguirre difundieron un comunicado conjunto en el que adoptaron una postura más cauta.
Las legisladoras reclamaron que la investigación por los asesinatos de Agostina Vega y Dulce avance “hasta las últimas consecuencias” y remarcaron que el respeto por las víctimas implica evitar la utilización política o ideológica de hechos tan dolorosos.
“Por encima de cualquier otra consideración deben estar las víctimas, sus familias y la obligación de alcanzar la verdad y la justicia”, señalaron.
Rechazos desde distintos sectores
La diputada provincial Natalia Ponferrada consideró que los dichos de Brizuela forman parte de una estrategia orientada a desacreditar al feminismo y negar una problemática que sigue afectando a miles de mujeres. Según expresó, reducir décadas de lucha por derechos a supuestos beneficios económicos demuestra falta de sensibilidad frente a una realidad que continúa cobrando víctimas.
En la misma línea, la dirigente radical y exdelegada del INADI, María Luisa Moreno, lamentó las declaraciones del legislador y defendió herramientas como la Educación Sexual Integral y la Ley Micaela. Además, recordó que durante 2026 se registraron numerosos femicidios en el país y sostuvo que las políticas de igualdad buscan prevenir situaciones de violencia.
Por su parte, la referente del Partido Obrero, Ruth Chocobar, calificó los dichos como una expresión de misoginia y sostuvo que las movilizaciones feministas buscan precisamente reclamar justicia y exigir respuestas del Estado frente a la violencia contra las mujeres.
La exdiputada Adriana Díaz también se sumó a las críticas. Consideró que las expresiones del diputado representan una visión “retrógrada” y advirtió que intentar minimizar la violencia de género implica desconocer una problemática que afecta a miles de familias.
Desde la Unión Cívica Radical, Vilma Chayle afirmó que el legislador utilizó una tragedia para instalar una provocación política y cuestionó que parte de sus declaraciones hayan puesto el foco en las circunstancias de la víctima en lugar de concentrarse en la responsabilidad del agresor.
El duro pronunciamiento de Gabriela Nieva Larcher
Uno de los rechazos más contundentes provino de la referente feminista Gabriela Nieva Larcher, quien difundió un extenso documento titulado “Un país de duelo. Una banca a boca de jarro”.
La dirigente sostuvo que las expresiones del diputado son revictimizantes y cuestionó especialmente los planteos que apuntaron a la conducta de Agostina Vega. Según argumentó, ese enfoque desvía la atención de la responsabilidad del autor del crimen y reproduce estereotipos que terminan responsabilizando a las víctimas.
Además, defendió el rol histórico de los movimientos feministas en la ampliación de derechos y rechazó que las demandas por políticas públicas de prevención puedan ser reducidas a intereses partidarios o económicos.
Nieva Larcher también cuestionó el desmantelamiento de programas nacionales vinculados a mujeres, infancias y diversidades y reclamó una mayor articulación estatal para abordar problemáticas relacionadas con la violencia, la salud mental y los consumos problemáticos.
Un debate que volvió a dividir posiciones
La discusión expuso nuevamente dos miradas contrapuestas sobre las políticas de género y el rol del Estado frente a la violencia contra las mujeres.
Mientras desde sectores libertarios sostienen que las estrategias impulsadas durante los últimos años no lograron reducir los índices de violencia y cuestionan el financiamiento de programas específicos, organizaciones feministas, dirigentes opositores y referentes sociales consideran que los femicidios y las violencias de género continúan siendo una problemática estructural que requiere mayores políticas de prevención, asistencia y protección.
En ese contexto, la marcha de Ni Una Menos volvió a convertirse en un espacio de reclamo por justicia para las víctimas y, al mismo tiempo, en escenario de una fuerte disputa política e ideológica sobre las herramientas que el Estado debe implementar para enfrentar la violencia de género.
