Una defensa fuera de término complicó al Estado en la causa por la tragedia de la Alcaidía
La familia de Nelson Fernández demandó a la Provincia en 2022 y la Fiscalía de Estado respondió meses después.
La causa civil iniciada por la familia de Nelson Fernández, uno de los adolescentes fallecidos en la Tragedia de la Alcaidía, volvió a poner bajo la lupa el desempeño de los representantes legales del Estado provincial.
La Justicia condenó recientemente a la Provincia a pagar más de $156 millones, más intereses, por la muerte del joven de 15 años. Sin embargo, el fallo también dejó expuesta una situación procesal que involucró directamente a la Fiscalía de Estado: la contestación de la demanda fue presentada varios meses después de iniciado el expediente y terminó siendo considerada fuera de plazo.
El proceso se inició en julio de 2022, cuando la familia promovió una demanda por daños y perjuicios y daño moral contra el Estado Provincial. Por entonces, la Fiscalía de Estado estaba a cargo de Marcos Denett. El juzgado ordenó correr traslado de la acción al gobernador y al fiscal por un plazo de 30 días.
En agosto de ese año, la parte demandante amplió la presentación e incorporó nueva documentación y elementos probatorios. El Estado volvió a ser notificado para ejercer su defensa.
De acuerdo con lo señalado posteriormente por el juzgado, la Provincia no contestó dentro del período establecido. Por ese motivo, mediante una resolución del 28 de abril de 2023, se declaró que había perdido el derecho procesal de utilizar ese plazo.
El argumento de los abogados
La defensa estatal quedó posteriormente en manos de los abogados Tomás Hugo Aibar y Noemí Beatriz Denett, quienes cuestionaron la decisión durante una audiencia preliminar realizada en junio de 2023.
Los representantes de la Provincia argumentaron que no habían sido vinculados correctamente al expediente digital y que, debido a esa situación, no habían podido acceder a las actuaciones. Por ese motivo solicitaron que los plazos comenzaran a computarse desde el momento en que fueran formalmente incorporados al proceso.
La Justicia no aceptó ese planteo.
Al revisar el expediente, el juzgado constató que la demanda había sido notificada en julio de 2022 y que posteriormente se habían producido distintas actuaciones vinculadas con la digitalización de la causa. Incluso, la contestación presentada por los propios abogados ingresó al sistema digital el 18 de abril de 2023.
Para el tribunal, ese hecho demostraba que los letrados conocían la existencia y digitalización del expediente y que, a partir de allí, debían utilizar ese medio para las presentaciones correspondientes.
Sin pedidos para solucionar el supuesto inconveniente
Uno de los principales argumentos utilizados para rechazar la defensa fue que los abogados no habían realizado ningún pedido formal para solucionar la supuesta imposibilidad de acceder al expediente.
El reglamento del sistema de Expediente Digital establece que, ante inconvenientes de registro o vinculación, corresponde al usuario solicitar al organismo judicial que subsane la situación. Sin embargo, al revisar tanto el expediente físico como el digital, el juzgado no encontró constancias de pedidos, reclamos o solicitudes realizadas por los representantes del Estado para corregir el inconveniente.
También se tuvo en cuenta que entre la presentación de la contestación —el 18 de abril— y la audiencia preliminar —el 15 de junio— transcurrieron aproximadamente dos meses sin que se planteara formalmente la falta de acceso.
El tribunal señaló además que los abogados tenían, como mínimo, interés en conocer qué había ocurrido con su propia presentación. Al no existir un cuestionamiento concreto sobre alguna actuación procesal, el planteo fue rechazado.
Un antecedente que vuelve a involucrar a Aibar
Uno de los abogados que intervino en esta causa, Tomás Hugo Aibar, también aparece mencionado en otro expediente que generó controversias por el funcionamiento de la Fiscalía de Estado.
Aibar es uno de los letrados que fueron sumariados por no presentarse a una audiencia ante la Cámara de Apelaciones vinculada con la investigación por irregularidades en el Registro de la Propiedad. En aquella oportunidad, junto con la abogada Victoria Eugenia Rosales, sostuvo que no había sido correctamente notificado porque la comunicación había sido enviada al correo institucional de Fiscalía de Estado y no a sus casillas particulares.
La causa penal también quedó marcada por las demoras
La situación procesal de la causa civil se suma a los cuestionamientos que ya habían surgido en el expediente penal por la muerte de los cuatro adolescentes.
En noviembre de 2025, la Corte de Justicia de Catamarca declaró la insubsistencia de la acción penal y sobreseyó a los cuatro policías imputados: Adrián Antonio Mansilla, Luis Alberto Leiva, Juan Carlos Reyes y Adriana del Valle Galván.
El máximo tribunal provincial atribuyó parte de las demoras al Ministerio Público Fiscal y consideró vulnerado el derecho de los acusados a ser juzgados dentro de un plazo razonable. El expediente llevaba casi 15 años sin una sentencia definitiva.
La Corte también remitió actuaciones a la Secretaría de Sumarios para determinar eventuales responsabilidades de los funcionarios que intervinieron en el proceso.
El juicio había quedado en condiciones de comenzar en febrero de 2018, pero la audiencia fue suspendida en siete oportunidades. Tres suspensiones fueron solicitadas por las defensas, una se dispuso de oficio y otras tres fueron requeridas por el Ministerio Público Fiscal.
El MPF intentó llevar el planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, la Corte catamarqueña rechazó el recurso extraordinario al considerar que el propio Ministerio Público Fiscal había contribuido de manera decisiva a generar las demoras que luego invocaba como perjuicio.
En julio de 2026, el MPF presentó una queja ante la Corte Suprema con el objetivo de revertir el sobreseimiento y procurar que finalmente se realice el juicio contra los cuatro policías.
