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La Comisión de Minería convocará a POSCO por el proyecto “Sal de Oro” en Catamarca

Buscan que la empresa informe sobre inversiones, empleo local, regalías y el impacto ambiental del emprendimiento de litio.

La Comisión de Minería convocará a POSCO por el proyecto “Sal de Oro” en Catamarca

Buscan que la empresa informe sobre inversiones, empleo local, regalías y el impacto ambiental del emprendimiento de litio.

La Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de Catamarca aprobó la convocatoria a representantes de POSCO Argentina S.A.U. para que brinden detalles sobre el proyecto de litio “Sal de Oro”, ubicado en el Salar del Hombre Muerto.

La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial Mamerto Acuña, del Bloque Generación del Cambio, y apunta a conocer el impacto real del emprendimiento en la provincia, en un contexto de fuerte crecimiento de la actividad minera vinculada al litio.

Entre los puntos que deberán ser informados se incluyen el monto de inversiones ejecutadas en Catamarca, la cantidad de trabajadores empleados y el porcentaje de mano de obra local, además de las políticas de contratación de proveedores catamarqueños.

También se requerirán precisiones sobre aportes en concepto de regalías, impuestos y contribuciones, así como el impacto económico y social del proyecto en las comunidades cercanas.

La convocatoria incorpora además un pedido de informes sobre las medidas ambientales implementadas por la empresa, con especial foco en el uso del agua y el estado general del proyecto.

El diputado Acuña sostuvo que el objetivo es garantizar mayor transparencia y control legislativo sobre la explotación de recursos estratégicos. En ese sentido, afirmó que es necesario conocer “cuánto empleo genuino se genera, cuánto dinero queda en Catamarca y cuáles son los beneficios concretos para la gente”.

Asimismo, remarcó que el Poder Legislativo debe fortalecer su rol de seguimiento sobre la actividad minera y promover una articulación más activa entre el Estado, las empresas y las comunidades, con el fin de asegurar lo que definió como una “licencia social construida con participación y transparencia”.

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