Fideicomiso Minero: crecen los cuestionamientos por la falta de transparencia en el manejo de los fondos
La abogada y exdiputada provincial Silvana Carrizo volvió a poner en discusión el manejo de los recursos provenientes de las regalías minera
Tras conocerse el Decreto 970/2026, que dispone un nuevo aporte de $7.751.931.506,57 para afrontar certificados de obra pendientes, reclamó explicaciones sobre la administración del Fideicomiso de Regalías Mineras y los mecanismos de control de los fondos públicos.
La exlegisladora advirtió que la reiteración de estos aportes extraordinarios plantea interrogantes sobre la planificación financiera, los compromisos asumidos y la disponibilidad de recursos para cumplir con las obras previstas.
Carrizo recordó que en octubre de 2024 se dispuso una transferencia de $6.000 millones con una finalidad similar y que, en noviembre de ese año, se anunció otro aporte de $7.000 millones, vinculado entonces con la caída del precio internacional del litio.
“Estamos hablando de tres aportes extraordinarios anunciados o dispuestos en apenas dos años, por más de $20.750 millones nominales. Esto obliga a formular una pregunta elemental: ¿cómo se proyectaron los ingresos, cómo se comprometieron las obras y por qué el fideicomiso necesita reiteradamente nuevos recursos para cumplir con obligaciones asumidas?”, cuestionó.
Reclamo por las rendiciones de cuentas
Carrizo recordó que el artículo 5 de la Ley Provincial 5.642 establece obligaciones para el Poder Ejecutivo vinculadas con la constitución de fondos fiduciarios, la distribución de las regalías mineras conforme a los destinos previstos legalmente y la presentación de rendiciones semestrales ante las comisiones de Hacienda de ambas cámaras legislativas.
En ese marco, respaldó los cuestionamientos del diputado provincial Mamerto Acuña sobre la falta de control legislativo del fideicomiso.
“Cuando el diputado Mamerto Acuña reclama control legislativo, no estamos frente a una simple diferencia política. Estamos hablando de una obligación expresamente establecida por ley. El Gobierno debe acreditar que presentó las rendiciones correspondientes, ponerlas a disposición de los legisladores y explicar cómo se administraron los recursos”, sostuvo.
La exdiputada remarcó que la existencia de un fiduciario y de un Comité de Administración no reemplaza las atribuciones de fiscalización de la Legislatura ni la intervención de los organismos de control.
“Un fideicomiso público no puede transformarse en una estructura de administración de recursos por fuera del escrutinio institucional. La herramienta financiera no puede estar por encima de la ley ni debilitar los controles sobre el dinero de todos los catamarqueños”, afirmó.
Una diferencia de $3.250 millones bajo cuestionamiento
Otro de los puntos señalados por Carrizo es la diferencia entre la recaudación por regalías mineras y los fondos que habrían ingresado al fideicomiso, según cifras difundidas por el diputado Francisco Monti.
De acuerdo con los datos expuestos por el legislador para el período comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026, la recaudación habría alcanzado los $17.900 millones, mientras que los ingresos registrados en el fideicomiso habrían sido de $14.650 millones. La brecha asciende a $3.250 millones, equivalente aproximadamente al 18,2% del total recaudado mencionado.
“Es una diferencia significativa que merece una explicación técnica y documentada. No corresponde afirmar que existe un desvío sin conocer los registros contables, pero tampoco corresponde que el Gobierno guarde silencio frente a cifras de esta magnitud”, expresó Carrizo.
La exlegisladora aclaró que la diferencia podría responder a cuestiones contables, demoras en las transferencias u otras circunstancias administrativas. No obstante, consideró necesario que el Ejecutivo presente una conciliación documentada que permita determinar el origen y destino de los fondos.
“La transparencia no consiste en pedirle a la sociedad que confíe. Consiste en mostrar los números, respaldarlos con documentación y permitir que sean controlados”, remarcó.
Piden información sobre las obras y los recursos
La exdiputada también cuestionó la falta de información pública sistematizada sobre las obras financiadas mediante el fideicomiso. Entre otros aspectos, reclamó conocer cuántos proyectos fueron terminados, cuáles continúan en ejecución, qué montos permanecen pendientes de pago y qué criterios se utilizaron para establecer prioridades.
Además, planteó la necesidad de informar cuánto recibió cada departamento, cuáles son los compromisos financieros asumidos y qué partidas presupuestarias se utilizaron o reasignaron para afrontar los aportes extraordinarios.
“Si las obras se comprometieron sobre proyecciones de ingresos que después no se cumplieron, el Gobierno debe explicar cómo evaluó esos riesgos. Y si los recursos fueron insuficientes, también debe informar qué decisiones se adoptaron para evitar que esa situación se repitiera”, señaló.
Para Carrizo, la falta de información impide evaluar de manera integral el uso de los recursos y el cumplimiento de los compromisos asumidos con las comunidades.
El antecedente de una propuesta para modificar el sistema
Carrizo recordó que durante su mandato legislativo cuestionó el esquema de administración de las regalías mediante fondos fiduciarios.
Según indicó, en 2025, junto con el diputado Mamerto Acuña, propuso derogar los fideicomisos Salar del Hombre Muerto y de Regalías Mineras, además de la Ley Provincial 5.642, para restablecer el régimen de distribución contemplado en la Ley 5.128 y recuperar la transferencia directa de los recursos a los municipios beneficiarios.
“No empezamos a cuestionar este sistema ahora. Lo hicimos desde la Legislatura y presentamos una alternativa concreta. Entendíamos que la administración de las regalías debía garantizar previsibilidad, distribución territorial, transparencia y control. Los problemas que hoy se conocen demuestran que aquella discusión sigue plenamente vigente”, afirmó.
La exlegisladora sostuvo que el debate también involucra la autonomía municipal y la distribución territorial de los beneficios generados por la actividad minera.
“Las regalías deben traducirse en infraestructura, servicios y oportunidades para las comunidades. No pueden quedar atrapadas en un esquema donde los municipios desconocen cuánto les corresponde, las obras dependen de decisiones centralizadas y la ciudadanía no dispone de información suficiente para evaluar los resultados”, manifestó.
Qué información reclama al Gobierno
Frente a este escenario, Carrizo pidió que el Ejecutivo provincial presente y haga públicas las rendiciones semestrales previstas en el artículo 5 de la Ley 5.642 desde la constitución del fondo, con la documentación respaldatoria correspondiente.
También reclamó una conciliación entre las regalías recaudadas y los fondos efectivamente ingresados al fideicomiso; un informe de las obras financiadas, discriminado por departamento, con montos, avances y certificados pagados o adeudados; la identificación de las fuentes presupuestarias utilizadas para los aportes extraordinarios y la intervención de los organismos de control competentes.
“No alcanza con informar cuánto dinero se destina al fideicomiso. Es necesario conocer cuánto ingresó, cuánto se comprometió, cuánto se pagó, qué obras se ejecutaron y cuáles son las obligaciones pendientes. Sin esa información, el control público se vuelve imposible”, sostuvo.
“La falta de transparencia no puede perjudicar a la minería”
En el cierre de su planteo, Carrizo diferenció las responsabilidades de las empresas mineras de las obligaciones del Estado provincial. Mientras las compañías deben cumplir sus compromisos ambientales, laborales, tributarios y sociales, afirmó que el Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la correcta recaudación, distribución, inversión y fiscalización de los recursos públicos generados por la actividad.
“Catamarca necesita minería, inversión, empleo, proveedores locales e infraestructura. Pero también necesita un Estado que administre con responsabilidad los recursos que esa actividad genera. No podemos permitir que la falta de transparencia gubernamental termine alimentando la desconfianza de los catamarqueños hacia una actividad que tiene un papel estratégico en nuestro desarrollo”, expresó.
La exdiputada advirtió que la aceptación social de la actividad minera también depende de que sus beneficios puedan verificarse y lleguen efectivamente a las comunidades.
“Cuando una familia no ve mejoras en los servicios, cuando un municipio no cuenta con infraestructura básica o cuando se anuncian millones de pesos sin explicar claramente su destino, lo que se deteriora no es solamente la confianza en el Gobierno. También se pone en discusión la capacidad de la minería para transformar la realidad de Catamarca”, manifestó.
Finalmente, reafirmó su postura a favor del desarrollo minero, aunque insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y control estatal.
“Lo sostuve en la Legislatura y lo sostengo hoy: minería sí, con desarrollo, transparencia, control y participación de las comunidades. Defendemos la actividad minera porque creemos en su potencial para generar oportunidades y transformar nuestra provincia. Pero defender la minería también significa exigirle al Estado que administre correctamente sus recursos. La opacidad de un gobierno no puede ser la razón por la que los catamarqueños dejen de creer en la minería”, concluyó.
