Exigen explicaciones por millonaria transferencia a la Defensoría del Pueblo
Desde Generación del Cambio.
El bloque legislativo Generación del Cambio presentó un pedido de informes al Ministerio de Hacienda y Obras Públicas para que justifique la transferencia de \$114.666.666 a la Defensoría del Pueblo, destinados a gastos de funcionamiento. Los legisladores cuestionan que esta asignación se hizo por resolución ministerial, sin pasar por los controles legislativos exigidos por ley.
La suma otorgada representa una parte del refuerzo presupuestario total de \$344 millones que había solicitado el defensor del Pueblo, Dalmacio Mera, para el segundo semestre del año. El desembolso fue autorizado mediante una resolución fechada el 10 de septiembre, correspondiente al segundo bimestre de ejecución presupuestaria.
Según Generación del Cambio, esta medida infringe la Ley 5337, que establece que el presupuesto de la Defensoría debe ser elaborado por el propio organismo y contar con dictamen de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, antes de su aprobación. La ley también impide que el Ejecutivo modifique partidas presupuestarias sin el aval legislativo correspondiente.
Además, el bloque opositor señala que el Decreto Acuerdo 718/2025 —que transfirió funciones y personal del disuelto Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRE) a la Defensoría del Pueblo— no suprimió los controles presupuestarios ni legislativos, por lo que la Legislatura sigue teniendo competencia en la materia.
Mera había justificado el pedido de fondos adicionales por la absorción de nuevas responsabilidades institucionales, incluyendo el ENRE y la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.
El pedido de informes reclama que el Ministerio de Hacienda entregue en un plazo de diez días hábiles:
* Copia completa del expediente que originó la transferencia,
* El dictamen de la Comisión de Hacienda,
* Fundamentos legales que habiliten asignaciones sin ley previa,
* Detalle de las partidas presupuestarias que fueron reasignadas,
* La autorización para que la Defensoría utilice esos fondos.
También se solicita información directa a la Defensoría del Pueblo, incluyendo el presupuesto aprobado para 2025, constancias de aval legislativo, y un informe detallado sobre el destino de los fondos recibidos.
Por último, el Tribunal de Cuentas deberá informar sobre los controles y auditorías realizadas a la Defensoría, e indicar si se detectaron irregularidades en contrataciones o adquisiciones realizadas bajo esta asignación extraordinaria.
