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El Gobierno ratifica que no adeuda subsidios al transporte y advierte que no autorizó recortes en el servicio

La Secretaría de Transporte informó que en 2025 se transfirieron más de $10.366 millones al sistema.

El Gobierno ratifica que no adeuda subsidios al transporte y advierte que no autorizó recortes en el servicio

La Secretaría de Transporte informó que en 2025 se transfirieron más de $10.366 millones al sistema.

La Secretaría de Transporte de la Provincia de Catamarca desmintió versiones sobre una supuesta reducción de horarios en el servicio de transporte público de pasajeros y aseguró que no existen deudas en el pago de subsidios provinciales ni del Boleto Estudiantil Gratuito (BEG).

A través de un comunicado oficial fechado el 24 de febrero de 2026, el organismo dependiente del Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte precisó que durante el Ejercicio 2025 el Estado provincial sostuvo financieramente el sistema mediante transferencias mensuales tanto en concepto de Subsidio Provincial (subsidio a la oferta) como del BEG (subsidio a la demanda).

Más de $10.366 millones transferidos en 2025

Según los datos oficiales, el Subsidio Provincial al Transporte Público totalizó en 2025 la suma de $7.231.524.688,55. Los aportes mensuales oscilaron entre los $503 millones y los $714 millones, con el monto más alto registrado en noviembre.

En paralelo, el Boleto Estudiantil Gratuito (BEG) para el Valle Central alcanzó los $3.135.085.355,37 durante el mismo período, con transferencias que variaron entre marzo y diciembre.

De esta manera, el total transferido al sistema de transporte público en 2025 ascendió a $10.366.610.043,92.

“En consecuencia, no se registran períodos de ‘tres o cuatro meses’ adeudados en el pago de subsidios provinciales ni del Boleto Estudiantil Gratuito”, señala el comunicado, que remarca que las afirmaciones en ese sentido “no se corresponden con la realidad administrativa y presupuestaria”.

Servicio esencial y sin autorización para recortes

En relación con la eventual reducción de horarios anunciada públicamente, la Secretaría recordó que el transporte público es un servicio esencial regulado por la Ley Provincial N° 4906, la cual establece los principios de continuidad, uniformidad, regularidad, generalidad y obligatoriedad.

El artículo 6° de la norma dispone que los servicios públicos de transporte deben satisfacer de manera permanente las necesidades generales de movilidad de la población. En ese marco, cualquier modificación en horarios o frecuencias requiere autorización expresa de la Autoridad de Aplicación.

“La Secretaría de Transporte no ha autorizado reducción horaria alguna”, subraya el texto, y advierte que las empresas concesionarias no pueden disponer recortes unilaterales que afecten la prestación.

Asimismo, el organismo recordó que, ante eventuales incumplimientos contractuales y legales, el artículo 35° de la Ley 4906 lo faculta a aplicar sanciones que pueden ir desde llamados de atención y multas hasta suspensión, caducidad o inhabilitación, además de adoptar medidas de urgencia para garantizar la continuidad del servicio.

Mesa técnica ante la baja de la demanda

Más allá de la desmentida, la Secretaría informó que convocó a las empresas a una mesa técnica de trabajo para analizar la estructura de costos y las variables económicas del sistema, en un contexto de responsabilidad fiscal y sostenibilidad.

El comunicado reconoce que se ha observado una disminución significativa en la demanda del servicio, por lo que el análisis se realizará con “criterio técnico, transparencia y apego a la normativa vigente”, priorizando el sostenimiento del sistema y la protección de los usuarios.

Compromiso institucional

Finalmente, el Estado provincial reafirmó su compromiso con la continuidad del servicio público, la protección del derecho de los usuarios, la transparencia en la ejecución de los recursos públicos y la responsabilidad institucional en la toma de decisiones.

“La movilidad de los catamarqueños constituye un servicio esencial que debe garantizarse con previsibilidad, responsabilidad y apego a la ley”, concluye el documento oficial.

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