El caso de bullying en el Colegio Pía Didoménico escaló con amenazas y una intervención de Educación
La difusión de audios y datos personales derivó en nuevas denuncias y agresiones. El Ministerio dispuso una auditoría por 30 días.
El caso de violencia digital y ciberbullying vinculado al Colegio Privado Pía Didoménico sumó nuevos episodios de tensión durante el fin de semana, con denuncias por amenazas, difusión de información privada y un ataque a pedradas contra la vivienda de una de las estudiantes involucradas.
La situación, que comenzó con la denuncia por el acceso no autorizado al celular de una adolescente y la viralización de imágenes íntimas, trascendió el ámbito escolar y se trasladó a las redes sociales y a la vía pública. En ese contexto, se difundieron audios, conversaciones privadas, domicilios y números telefónicos, lo que motivó nuevas presentaciones judiciales.
Según fuentes judiciales, familiares y allegados de una estudiante denunciaron haber recibido amenazas de muerte y de violencia sexual mediante llamadas, mensajes y redes sociales. Ante estos hechos, la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación, con competencia en Ciberdelitos, dispuso medidas de resguardo, rondas policiales preventivas y la preservación de pruebas digitales para identificar a los responsables.
En paralelo, la Fiscalía Penal Juvenil continúa con la investigación vinculada a la difusión de imágenes íntimas. Las actuaciones se desarrollan bajo las medidas de reserva correspondientes para proteger a las personas menores de edad involucradas.
Educación ordenó una auditoría por 30 días
Frente a la escalada del conflicto, el Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca dispuso una intervención extraordinaria de acompañamiento y supervisión institucional en el nivel secundario del establecimiento, con un plazo inicial de 30 días corridos, prorrogable por otro período igual.
La medida, ordenada por la ministra Verónica Soria, se suma al sumario administrativo iniciado para evaluar el accionar institucional y determinar eventuales responsabilidades. El equipo estará coordinado por la Dirección Provincial de Mediación Escolar e integrado por profesionales externos al colegio, con el objetivo de garantizar una evaluación imparcial.
Entre sus tareas se encuentran revisar los protocolos de convivencia, analizar la documentación institucional, evaluar las medidas de protección aplicadas y habilitar espacios de escucha confidenciales para estudiantes, familias y docentes. También deberá presentar un informe preliminar dentro de las primeras 72 horas y, al finalizar la intervención, elaborar una evaluación con pautas de cumplimiento obligatorio para la institución.
La auditoría no implica el desplazamiento de las autoridades escolares, que deberán facilitar el acceso a la documentación y colaborar con el equipo interdisciplinario.
Sanciones y medidas de protección
Por su parte, el Colegio Pía Didoménico comunicó la aplicación de sanciones disciplinarias a estudiantes involucrados en los hechos, entre ellas la desvinculación institucional de alumnos y modificaciones en las modalidades de asistencia y cursado.
La institución sostuvo que las medidas se adoptaron conforme a sus acuerdos de convivencia y los protocolos vigentes. Asimismo, pidió responsabilidad a la comunidad para evitar la circulación de contenidos que expongan la identidad y la intimidad de los estudiantes.
El conflicto abrió interrogantes sobre las condiciones de convivencia escolar, la prevención del acoso y la respuesta institucional ante situaciones de violencia digital. La investigación administrativa buscará determinar si los mecanismos de actuación y cuidado fueron suficientes y qué medidas deben reforzarse.
Un llamado a frenar la violencia en las redes
Las autoridades judiciales solicitaron a la ciudadanía que no comparta fotografías, videos, audios ni datos personales de las personas involucradas. Advirtieron que la difusión de este material puede profundizar el daño, exponer nuevamente a las víctimas y obstaculizar las investigaciones.
La publicación de información privada con fines intimidatorios y las amenazas pueden constituir delitos, por lo que las autoridades instaron a canalizar las denuncias por las vías correspondientes y evitar los escraches que puedan derivar en nuevas agresiones.
Mientras avanzan las investigaciones judiciales y administrativas, el desafío será garantizar la protección de los estudiantes, esclarecer las responsabilidades y recuperar condiciones de convivencia que permitan sostener la continuidad educativa sin nuevas situaciones de hostigamiento.
