Diputados aprobó la emergencia en salud mental policial
Durante el período de emergencia, el Ejecutivo deberá elaborar un diagnóstico de la situación.
Tras una votación nominal con 37 acompañamientos, Diputados otorgó media sanción al proyecto presentado por el legislador Javier Galán (MID), que declara por dos años la emergencia en materia de salud mental y prevención del suicidio para el personal de la Policía provincial y del Servicio Penitenciario. La propuesta busca fortalecer los servicios de atención existentes, establecer mecanismos de acompañamiento y garantizar que quienes necesiten asistencia psicológica puedan acceder a ella sin temor a sufrir consecuencias laborales por pedir ayuda.
Al fundamentar la iniciativa, Galán puso el foco en las condiciones en las que trabajan los integrantes de las fuerzas de seguridad, expuestos a situaciones de violencia, emergencias y hechos traumáticos, además de las exigencias propias de sus funciones y las dificultades personales y económicas que pueden atravesar. “Este proyecto parte de una idea sencilla: quien cuida a la sociedad también necesita que el Estado lo cuide”, expresó el diputado, al señalar que detrás de cada uniforme hay una persona y una familia que también necesitan acompañamiento.
El legislador aclaró que la propuesta no pretende establecer nuevos mecanismos de sanción ni sumar controles sobre el personal, sino facilitar el acceso a una atención profesional que sea gratuita, confidencial y accesible. En particular, advirtió que el temor a posibles consecuencias en la carrera laboral puede convertirse en una barrera para quienes necesitan asistencia psicológica. “No estamos proponiendo más castigos ni más controles, estamos proponiendo que pedir asistencia psicológica sea posible, que sea gratuita, que sea confidencial y que no signifique por sí solo una sanción ni un perjuicio profesional”, afirmó.
El proyecto establece que, durante el período de emergencia, el Ejecutivo deberá elaborar un diagnóstico de la situación y un plan para fortalecer la atención en salud mental. Para ello, fija un plazo de 180 días desde la entrada en vigencia de la ley y contempla expresamente la cobertura de los departamentos del interior, con el objetivo de que las medidas no queden concentradas en la Capital. Según detalló, se busca coordinar y reforzar los recursos disponibles, en lugar de crear estructuras burocráticas que dupliquen las funciones de los servicios existentes. También prevé acompañamiento ante situaciones críticas y para las familias que atraviesen el fallecimiento de un integrante de las fuerzas.
Otro de los puntos abordados es la identificación de factores laborales de riesgo, junto con la prevención de la violencia y el acoso en los ámbitos de trabajo. El texto contempla, además, que las decisiones sanitarias puedan fundamentar restricciones temporales a la portación del arma cuando corresponda, respetando los regímenes policiales y penitenciarios y las evaluaciones de aptitud previstas en la legislación vigente. La propuesta incluye mecanismos de seguimiento institucional: durante la emergencia, el Ejecutivo deberá informar semestralmente a la Legislatura sobre los recursos destinados, las coberturas alcanzadas, las acciones desarrolladas y los presupuestos involucrados. De esta manera, se busca que las medidas puedan ser evaluadas y que exista información periódica sobre su implementación.
