
Cuestionan en Tinogasta el cobro a camiones de carga y piden revisar la ordenanza
Empresarios del transporte aseguran que la medida encarece la actividad y podría afectar a toda la cadena comercial.
La Cámara de Transporte de Catamarca solicitó la revisión de una tasa municipal que grava el ingreso de vehículos de carga pesada al ejido urbano de Tinogasta, al considerar que su aplicación genera mayores costos para el sector y presenta aspectos jurídicos que merecen ser analizados.
La polémica gira en torno a un tributo de 25.000 pesos por unidad que el municipio cobra bajo la denominación de "Tasa por Servicios Ambientales y de Preservación de Infraestructura Vial Urbana frente a Carga Pesada".
Desde la entidad que nuclea a los transportistas sostienen que la medida suma una nueva carga económica en un contexto marcado por el incremento de combustibles, repuestos, seguros, mantenimiento e impuestos, factores que vienen impactando de manera directa en la rentabilidad de la actividad.
El planteo fue formalizado mediante una presentación realizada ante el Concejo Deliberante local, donde se expresan dudas respecto de la naturaleza jurídica del cobro. Según argumentan, el pago se exige por el simple ingreso al municipio, independientemente de la utilización de un servicio específico o una contraprestación concreta.
Para los representantes del sector, esta situación podría convertir a la tasa en un gravamen al tránsito de cargas, una figura que consideran discutible desde el punto de vista legal.
Además, advirtieron que cualquier incremento en los costos logísticos termina trasladándose al precio final de los productos, por lo que el impacto no se limita únicamente a las empresas transportistas sino que alcanza a comerciantes, productores y consumidores.
La discusión también abrió interrogantes sobre los efectos que la medida podría tener en la competitividad regional, especialmente en un escenario económico donde distintas actividades productivas buscan reducir costos para sostener su nivel de operación.
Mientras esperan una respuesta de las autoridades municipales y del Concejo Deliberante, desde la Cámara de Transporte insistieron en la necesidad de revisar la normativa para evitar consecuencias negativas sobre la actividad y el empleo vinculado al sector.