Convicción Federal respalda el reclamo de los gobernadores
Por una distribución justa de los fondos nacionales.
El bloque Convicción Federal del Senado de la Nación expresó su respaldo al proyecto de ley consensuado este lunes por los gobernadores de distintas provincias, que busca garantizar una distribución federal equitativa de los recursos nacionales, en particular los provenientes del Impuesto a los Combustibles y de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Desde el bloque señalaron que la iniciativa va en sintonía con un proyecto de ley recientemente presentado en la Cámara Alta por los propios senadores del espacio, y destacaron que “las acciones del bloque estarán siempre guiadas por la defensa del federalismo”.
Según lo expresado en un comunicado, las modificaciones propuestas permitirían que esos recursos tributarios lleguen de manera directa a las provincias, en contraposición a la situación actual, donde —según indicaron— “el Gobierno Nacional los ha utilizado para sostener un superávit fiscal ficticio”.
Además, la propuesta incorpora disposiciones para garantizar mayor transparencia en la distribución de los fondos. Entre ellas, se prevé que el Ministerio de Economía publique mensualmente los datos de asignación en el portal digital de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales. Asimismo, la Secretaría de Interior deberá informar de forma trimestral a las comisiones legislativas competentes del Congreso Nacional.
Los senadores nacionales del bloque —Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca), Fernando Salino (San Luis) y Fernando Rejal (La Rioja)— destacaron la agenda impulsada por los mandatarios provinciales y remarcaron que los fondos en cuestión son fundamentales para enfrentar emergencias, financiar obras y sostener políticas públicas en un contexto de ajuste y recortes nacionales en áreas sensibles.
“El rol de los senadores es defender los intereses de las provincias que representamos, más allá de las pertenencias partidarias”, subrayaron desde Convicción Federal, al tiempo que celebraron el consenso alcanzado por los gobernadores en defensa de los recursos que —afirmaron— “pertenecen a la gente”.
