Advierten que la ocupación del espacio aéreo también forma parte del costo eléctrico
El exvicepresidente de EC SAPEM explicó por qué la tasa integra el costo del servicio.
El debate sobre la inclusión de la Tasa de Ocupación de Espacio Aéreo (TOEA) en las facturas de electricidad volvió a instalarse en la agenda pública catamarqueña. Para el exvicepresidente de EC SAPEM, Aldo Palavecino, la discusión está atravesada por interpretaciones políticas que dejan de lado aspectos técnicos, regulatorios y económicos propios de un servicio público concesionado.
Desde esa perspectiva, el traslado de las tasas municipales a la factura no constituye una decisión discrecional de la empresa distribuidora, sino una consecuencia de los costos asociados a la infraestructura necesaria para llevar la energía hasta cada usuario.
La distribución eléctrica requiere una extensa red de postes, cables, transformadores y demás instalaciones que atraviesan el espacio público de las ciudades. Se trata de infraestructura indispensable para garantizar el suministro y cuyo objetivo no es generar una actividad comercial adicional, sino hacer posible que la electricidad llegue a hogares, comercios e industrias.
En ese esquema, Palavecino plantea que la tasa municipal vinculada a la utilización del espacio aéreo representa un costo asociado directamente a la red de distribución. Por eso, considera que pretender que la empresa absorba ese importe implicaría desconocer uno de los componentes que intervienen en la prestación efectiva del servicio.
Otro de los argumentos centrales está relacionado con el funcionamiento regulado del sistema eléctrico. Las distribuidoras no determinan libremente el precio de la energía, sino que operan bajo marcos regulatorios, contratos de concesión y mecanismos de actualización tarifaria establecidos por los organismos competentes.
Según esta interpretación, cualquier modificación en los costos que enfrenta una distribuidora debe contemplarse para preservar el equilibrio económico-financiero de la concesión. En el caso de las tasas municipales, las empresas actúan como intermediarias en la recaudación: incorporan el concepto a la facturación y luego transfieren esos recursos al municipio correspondiente.
Palavecino también advierte sobre una cuestión vinculada a la distribución territorial de los costos. Las tasas por ocupación del espacio público pueden variar considerablemente de un municipio a otro. Si esos importes fueran absorbidos por la distribuidora como parte de sus costos generales, los usuarios de localidades con tasas menores podrían terminar afrontando indirectamente los mayores costos generados en otros municipios.
La incorporación diferenciada del concepto en la factura permitiría, en cambio, que el costo sea atribuido al área donde efectivamente se encuentra instalada la infraestructura alcanzada por la tasa.
El exdirectivo sostiene además que existen antecedentes regulatorios y judiciales que avalan el traslado de determinados gravámenes y tasas vinculados con la prestación de servicios públicos. En su análisis, impedir que esos costos sean reconocidos podría afectar el equilibrio económico de las concesiones y, en consecuencia, la capacidad de las distribuidoras para sostener las inversiones necesarias.
La discusión, en definitiva, excede el monto puntual de una tasa. Para Palavecino, se trata de definir cómo se distribuyen los costos reales que implica mantener una red eléctrica operativa, segura y con capacidad de expansión.
Desde esta mirada, la Tasa de Ocupación de Espacio Aéreo no constituye una ganancia para la distribuidora, sino un costo asociado a la infraestructura que permite prestar el servicio. Reconocerlo dentro del esquema tarifario, sostiene, resulta necesario para preservar la sustentabilidad del sistema eléctrico y garantizar la continuidad y calidad del suministro.
Lic. Aldo Palavecino
Exvicepresidente de EC SAPEM
