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A diez años del “baile de los cadetes”, la causa llega a juicio con un solo expolicía acusado

El fiscal Hugo Costilla elevó a juicio oral la investigación por las graves lesiones sufridas por ocho aspirantes a policías.

A diez años del “baile de los cadetes”, la causa llega a juicio con un solo expolicía acusado

El fiscal Hugo Costilla elevó a juicio oral la investigación por las graves lesiones sufridas por ocho aspirantes a policías.

A casi diez años de los hechos que dieron origen a la causa conocida como el “baile de los cadetes”, la investigación judicial fue elevada a juicio oral y público. El fiscal de Instrucción Hugo Costilla dio por concluida la etapa investigativa y solicitó que el exsubcomisario Jorge Rolando Romano sea juzgado por las graves lesiones sufridas por ocho jóvenes que participaban del período de adaptación para ingresar a la Policía de Catamarca.

La acusación contra Romano, de 47 años, es por el delito de lesiones graves calificadas por haber sido cometidas mediante abuso funcional de miembros de una fuerza policial, en concurso ideal por ocho hechos, en calidad de coautor.

La causa se inició por episodios ocurridos desde el 30 de diciembre de 2016 y que se extendieron hasta avanzado 2017, cuando ocho cadetes de la Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía provincial fueron sometidos a exigencias físicas y psicológicas excesivas durante un campamento de instrucción realizado en Las Pirquitas, departamento Fray Mamerto Esquiú.

Los jóvenes sufrieron graves consecuencias físicas durante las actividades correspondientes al denominado período de adaptación, que estaban a cargo de autoridades e instructores de la institución policial.

En ese momento, la escuela estaba dirigida por el comisario Ramón Marcelo Gutiérrez, mientras que Jorge Rolando Romano se desempeñaba como jefe de Estudios. También participaron de las actividades otros efectivos policiales asignados a la formación de los aspirantes.

La investigación alcanzó inicialmente a Gutiérrez, Romano y los instructores Dardo Damián Diarte, Carlos Javier Luna —fallecido— y Ramón Oscar Agüero. Sin embargo, la elevación a juicio anunciada por la Fiscalía tiene como único acusado a Romano.

Ocho jóvenes damnificados y graves secuelas

Los cadetes identificados como víctimas son Darío Exequiel Rodríguez Vergara, Marcelo Martín Barrionuevo, Luis Miguel Pacheco, Matías Andrés Suárez, Matías Exequiel Restelli, Dante Exequiel Moya, Carlos Daniel Sequeida y Luis Alberto Villarreal.

Uno de los principales impulsores de la causa fue Matías Exequiel Restelli, quien se constituyó como querellante particular con el patrocinio del abogado Bruno Jerez.

Su caso refleja la gravedad de las consecuencias físicas que dejaron los episodios. Debido a los abusos denunciados, debió someterse a 11 sesiones de diálisis y quedó con secuelas de deshidratación, anemia y alteraciones de la presión arterial, además de tener que mantener una dieta estricta de por vida.

Tras conocerse la elevación a juicio, Restelli manifestó su alivio por haber alcanzado esta instancia después de años de demoras y cambios en su representación legal.

“Gracias a Dios, después de este derrotero judicial y cambios de abogados, hoy al menos logramos estar en esta instancia de elevación a juicio”, expresó en declaraciones a El Ancasti.

Denuncia de abandono estatal

Más allá del avance judicial, Restelli cuestionó duramente la respuesta que recibió del Estado provincial frente a las consecuencias de las lesiones que sufrió.

En particular, apuntó contra la gestión del gobernador Raúl Jalil y aseguró que fue convocado a firmar un acuerdo luego de que una junta médica determinara que no presentaba ninguna enfermedad, pese a que continuaba bajo tratamiento médico.

“El Gobierno de Raúl Jalil me hizo firmar un acuerdo y sacaron una junta médica diciendo que yo no tenía ninguna enfermedad, mientras que mis médicos me estaban tratando y gasté fortunas para recuperar mi salud”, denunció.

También relató las dificultades económicas y personales que atravesó junto a su familia durante estos años. Según sostuvo, su esposa y su hija debieron asistirlo incluso para realizar tareas cotidianas y preparar comida para vender.

“El Gobierno me arruinó la vida y nadie se hace cargo, mucho menos el Gobierno que estuvo representado por el exfiscal de Estado (Carlos) Dennet. Solo quiero justicia”, concluyó.

La elevación a juicio representa un avance en una causa que lleva casi una década y que expuso las graves consecuencias de los métodos de instrucción aplicados sobre jóvenes aspirantes a integrar la fuerza policial. Para los damnificados, el inicio de la instancia oral será una oportunidad para que se determinen las responsabilidades penales y se conozca la verdad sobre lo ocurrido en aquel campamento de Las Pirquitas.

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