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Casi 200 títulos docentes del IES Clara J. Armstrong quedaron bajo investigación

La Justicia analiza certificados emitidos por el instituto y busca determinar si fueron obtenidos o utilizados de manera irregular.

Casi 200 títulos docentes del IES Clara J. Armstrong quedaron bajo investigación

La Justicia analiza certificados emitidos por el instituto y busca determinar si fueron obtenidos o utilizados de manera irregular.

La investigación por presuntas irregularidades en la emisión de títulos docentes del IES Clara J. Armstrong tomó una nueva dimensión y ya alcanza a cerca de 200 certificados, según distintas estimaciones que surgieron en el marco de la denuncia presentada por el Ministerio de Educación.

La causa comenzó en abril, cuando la cartera educativa denunció la existencia de 35 títulos potencialmente irregulares correspondientes a los años 2024 y 2025. Con la ampliación posterior de la presentación, la pesquisa incorporó nuevos casos y avanzó sobre la posible participación de personal de la institución.

La investigación penal está a cargo de la fiscal de Instrucción Nº 7, Paola González Pinto, quien trabaja sobre informes técnicos y documentación entregada por el Ministerio de Educación. Por el momento, no se informaron imputaciones.

En paralelo, todo el personal que fue denunciado o aparece involucrado en el expediente se encuentra bajo sumario administrativo dentro del Ministerio de Educación.

Cómo detectaron las irregularidades

Uno de los puntos centrales de la investigación es la comparación entre los registros digitales y la documentación física correspondiente a los títulos emitidos por el instituto.

A partir de esas diferencias, la Justicia busca reconstruir cómo se habrían generado las inconsistencias y determinar si existió una maniobra organizada para emitir certificados que luego podrían haber sido utilizados para acceder a cargos u horas docentes.

Entre las medidas que podrían realizarse se encuentran nuevas declaraciones testimoniales y una eventual pericia informática, destinada a establecer quiénes tuvieron acceso a los sistemas y qué modificaciones pudieron haberse realizado.

El gremio advierte por el impacto en los concursos

El SIDCA fue hasta ahora el único gremio que realizó planteos públicos sobre la dimensión que podría tener el caso. Su secretario, Sergio Guillamondegui, sostuvo que las irregularidades podrían extenderse a más de un centenar de títulos y que, según testimonios recibidos por el sindicato, la situación se remontaría a 2018.

El dirigente cuestionó especialmente el impacto que podría haber tenido la presentación de títulos irregulares ante la Junta de Clasificación. Si se comprobara que personas con certificados apócrifos accedieron a cargos u horas, habrían obtenido una ventaja frente a docentes que cumplieron regularmente con su formación.

Además, el eventual cobro de haberes por cargos obtenidos mediante documentación irregular podría configurar un perjuicio económico para el Estado provincial.

Guillamondegui también planteó la necesidad de realizar una auditoría en todos los institutos de educación superior de la provincia.

El IES quedó bajo una Comisión Normalizadora

Mientras avanza la investigación judicial, el Gobierno dispuso la intervención operativa del IES Clara J. Armstrong. El pasado 10 de agosto quedó conformada una Comisión Normalizadora, aunque el Ministerio de Educación no informó oficialmente quiénes la integran.

La medida implicó el reemplazo de la conducción anterior y tiene como objetivo regularizar el funcionamiento administrativo y académico de la institución.

La ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria, señaló que las nuevas autoridades trabajan junto con la Dirección de Educación Superior para normalizar la situación y avanzar con la emisión de los títulos que se encuentran pendientes.

Desde el Ministerio remarcaron que la intervención busca garantizar la continuidad del servicio educativo y asegurar que las trayectorias académicas de los estudiantes puedan ser registradas y certificadas correctamente.

La Justicia deberá ahora determinar si las irregularidades responden a errores administrativos o si, por el contrario, existió una maniobra deliberada para emitir y utilizar títulos docentes de manera fraudulenta.

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